CUANDO LO PÚBLICO SE CONFUNDE CON LO PRIVADO

Nunca dejaremos de sorprendernos de los comportamientos que algunos de quienes enfáticamente se consideran defensores de los intereses generales de la sociedad adoptan para, amparándose en ellos, encauzar buena parte de sus energías y desvelos al incremento obsceno de su peculio personal. Son la gangrena de la democracia. “No os fiéis de los que se proclaman a todas horas preocupados por lo que al común afecta. Esos son los más sospechosos de barrer en exclusiva para su casa”. Con estas palabras, Arturo Barea advertía de la propensión de los voceros a simular con palabras hacia la galería la perversión de sus tejemanes ocultos a favor de sus intereses. Pero no siempre es así. Hay algunos, y de ellos bien se sabe en España, que no se recatan en justificar su dedicación a la política movidos por el afán, no ocultado, de “forrarse”.

Abiertamente o con disimulo, las noticias que proclaman la dimensión de los escándalos detectados en el ejercicio del poder han dejado de ser sucesos esporádicos para convertirse en el pan nuestro de cada día. La ciudadanía asiste, impávida, desconcertada y rabiosa a la vez, al espectáculo de la “política rentable”, es decir, de la labor llevada a cabo por los que se aprovechan de la coyuntura de ser alguien en ese mundo de las decisiones con trascendencia social para sacar beneficio particular de una labor que nunca creerán suficientemente recompensada.

Aunque existen, desde luego, políticos honestos, no es el aprovechamiento del cargo para fines privados un caso excepcional. Se trata de un fenómeno globalizado al que no se le ven fronteras y que no causa rubor alguno a sus protagonistas, habituados a adoptar la estrategia de aguantar el chaparrón hasta que amaine, pues acaba amainando, o seguir el consejo, tan frecuentemente asumido por los carentes de escrúpulo, de que “la mejor defensa siempre es un buen ataque”.

En España son numerosos los maestros en el arte de aplicar este principio, de tirar balones fuera, de acusar al contrario de lo mismo y, lo que es más grave, de imputar al sistema la existencia de los mecanismos de control que permiten poner en evidencia este tipo de prácticas y sancionarlas. Del cinismo en las posturas se ha pasado a la agresión sin rubor contra el que descubre los comportamientos corruptos. Ese es el adversario a abatir, ya sea juez o policía cumplidores de su deber. Todo vale con tal de asegurar la impunidad, pues los mismos recovecos del sistema acabarán descubriendo que siempre puede haber alguien muy amigo en el ámbito de la Justicia para el que la confusión entre lo público y lo privado no existe mientras ocupe bolsillos diferentes. 

Y hasta que eso ocurra, que le quiten lo bailao.